Al abordar el tema de la vivienda en Costa Rica es inevitable puntualizar algunos grandes retos a afrontar: las dificultades de dotar de soluciones habitacionales a los estratos medios, el deterioro de casas, y el aún faltante de resguardo para los sectores de menores recursos. En este contexto se ha de partir de una premisa: la vivienda en nuestro país se concibe como una mercancía más que un derecho, o en el peor de los casos, se realizan grandes negocios al usar como justificación el derecho a la vivienda estampado en nuestra Constitución Política.

La anterior afirmación es más visible cuando se aborda el tema de la vivienda de interés social, cuyo sistema fue creado en la primera administración de Óscar Arias Sánchez con la instauración del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda (SFNV). A partir de ese momento se abrieron las puertas para que empresas privadas y fundaciones ejecutaran proyectos de vivienda lo cual generaría ganancias. Es por ello que surge una sana pregunta: ¿Qué es la vivienda de interés social?

En pocas palabras, el interés social es aquella motivación que busca atender los problemas o necesidades de una población, los cuales al brindarles respuesta generan un bienestar para la comunidad. En este sentido, al dotar de vivienda sectores empobrecidos históricamente en nuestro país, el valor de otras propiedades incrementaría, pero esto va más allá. Dada la configuración del SFNV los réditos de ésta acción también se traducen en ingresos para entidades financieras y empresas constructoras. Esta dinámica adquiere un especial matiz en tiempos de crisis económica del sistema capitalista.

Llegados a este punto, resulta interesante describir y contemplar la manera en que el sistema de interés social se comportó durante la crisis estructural del capitalismo en los años 2007-2008. Para ello hay que recalcar que el sector de interés social –donde se incluyen las empresas y entidades financieras- funciona con fondos públicos, por tanto, durante una crisis de la magnitud de los años ya señalados, se comporta inflexible, o, mejor dicho, no se ve afectado en gran manera ya que el flujo de dinero está asegurado, contrario a empresas que dependen de la oferta y demanda de otros grupos socio-económicos.

En concreto, empresas no relacionadas con el sector ven en éste una gran oportunidad para hacer frente a la crisis, en el ven un colchón e económico que solventaría los efectos negativos, de ahí que, algunas de estas organizaciones realizaran proyectos de gran magnitud al aprovechar el flujo de dinero del SFNV. De lo anterior se concluye que el sector de interés social brinda beneficios a empresas privadas en tiempos de crisis, y que la vivienda como mercancía ve en la necesidad de personas empobrecidas la justificación para lucrar al edificar soluciones habitacionales.

La forma en que ha operado este sistema ha logrado que muchas ideas circulen en la sociedad civil, dando como verdades algunas aseveraciones como: “a la gente pobre se le regala casa”, “la mayoría de los recursos no están bien destinados” entre otros, lo cual deja muy de lado el lucro que se presenta en la dinámica del SFNV. Es por ello, que es necesario apuntar y abrir espacio a otras alternativas que generen mejores condiciones habitacionales para las personas excluidas. Se habla de una alternativa que dignifique, con todo el carácter político que esta apalabra adquiera, no que encadene.

Una ruta alternativa es la vivienda popular, que está atravesada por la noción de liberar a las poblaciones mancilladas por el sistema capitalista de sus cadenas opresivas, además de dotar de un carácter protagónico a la población en las diversas etapas de un proyecto, desde el diseño hasta la construcción. Costa Rica tiene varias experiencias de este tipo que datan de las décadas de los setenta y ochenta, donde los comités de vivienda tomaron fuerza en el país y desarrollaron proyectos habitacionales acompañados por el Estado y ejecutadas con el cariño y mística que la autoconstrucción encierra.

Estos esfuerzos fueron socavados cuando en un primer momento el Partido Liberación Nacional vio en el movimiento votos para las elecciones presidenciales de 1986, en un segundo instante tras la instauración del sistema y colaboración conjunta en los primeros años de la década de los noventa y finalmente, la traición que sufrieron esas organizaciones por parte de José María Figueres Olsen, quien realizó una campaña de desprestigio en contra de las organizaciones populares conjunto con otras entidades estatales. La lección que dicta la historia es evitar que un partido político se adueñe de un movimiento social. Está claro que son grandes e importantes actores con los cuales se puede negociar en contextos específicos, pero dejar en sus manos la organización popular puede que solo encubra una finalidad electoral. Esta historia ya lleva años, sin embargo, nuevos actores han emergido que están dando claras lecciones.

La cooperativa de autogestión, propiedad colectiva y autoconstrucción COVIFUDAM ha realizado esfuerzos que están marcando el panorama de la vivienda popular a nivel nacional. El esfuerzo de esas mujeres y hombres durante los últimos años está gestando sus primeros frutos, los cuales han tenido el acompañamiento de profesionales y algunas autoridades del sector. Hoy por hoy la apuesta de los comités de vivienda es una vía que debemos reconstruir. Es claro que el operar del SFNV no va a cambiar, pero a lo interno se debe realizar el esfuerzo para que otras alternativas surjan, empoderen a los y las ciudadanas en aras de validar la vivienda como un derecho y no como una mercancía.

Costa Rica se encamina a ser un Estado Abierto

Luego de que el pasado mes de julio nuestra organización presentara el Índice de Transparencia Legislativa, que evaluaba el estado de apertura de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el Directorio Político de la institución nos abrió las puertas para trabajar en mejorar los estándares de transparencia de éste, el Primer Poder de la República. .

Esto motivó a nuestra organización a invitar a otras organizaciones amigas con las que compartimos el interés de promover la apertura legislativa a que acompañaran este proceso de trabajo, uniéndonos en la figura de la Alianza por una Asamblea Abierta (AAA)*

En los últimos meses la Alianza por una Asamblea Abierta, junto con el Directorio Legislativo, hemos logrado importantes avances que el día de hoy nos es grato anunciarles:

El Directorio Legislativo firmó un acuerdo de compromisos de promoción de la apertura legislativa en el que, entre otras cosas, se compromete a:

Promover una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación en la Asamblea Legislativa
Incluir en el Plan Estratégico Institucional las acciones de apertura legislativa que se decidan junto con la Alianza por una Asamblea Abierta
Promover medidas administrativas que aseguren el cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información.
Fortalecer y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana en el proceso legislativo que contribuyan a estrechar la relación entre la sociedad civil y los diputados y diputadas, tales como fomentar la iniciativa ciudadana legislativa, foros de discusión, comparecencias de grupos sociales en las comisiones, canales para el trámite de opiniones o sugerencias, denuncias y actividades de formación ciudadana en general.

El directorio Legislativo aprobó implementar un Plan de Acciones Prioritarias de Apertura Legislativa como mecanismo para impulsar, en forma conjunta con la Alianza para una Asamblea Abierta, una política institucional de apertura en la Asamblea Legislativa que establezca metas claras, indicadores de avance y de cumplimiento, plazos y responsables de su implementación.  Algunas de las acciones de este plan son:

Desarrollo de al menos dos talleres para 4 personas por departamento sobre apertura legislativa
Capacitación técnica para construcción de instrumentos a equipos designados por la Asamblea Legislativa
Elaboración de un protocolo para la solicitud de información de uso general para toda la Asamblea Legislativa
Desarrollo de hackathons y/o expediciones de datos u otros eventos similares para explorar las posibilidades de la tecnología en relación con la apertura de datos parlamentarios.
Actualización de mecanismos que permitan la interacción entre el Poder Legislativo y los ciudadanos de las regiones más rurales.
Desarrollo de un portal único de datos abiertos de la Asamblea Legislativa con información como activos, salarios en rangos, compras públicas y Recurso Humano por departamento y fracción.
Acuerdo legislativo con los estándares que deben seguir los documentos parlamentarios de publicación online para incorporar el formato de datos abiertos.
Manual orientado a los ciudadanos en el que se explique, en lenguaje sencillo, el procedimiento parlamentario. Esto incluye la elaboración de infografías sobre las funciones legislativas de representación, fiscalización, legislación, jurisdiccionales y de control.
Facilitación de recursos pedagógicos para grupos específicos como la población de primaria y secundaria.
Construcción de un instrumento de monitoreo para seguimiento del desarrollo del congreso abierto en conjunto con organizaciones de la Alianza.
Centralización en una sola oficina de la atención ciudadana (tipo “ventanilla única”) y creación de la normativa necesaria que regule las funciones y el procedimiento de esta oficina.
Ampliación de las actividades que se transmiten en vivo por la radio digital y la TV digital en el portal de la Asamblea Legislativa e incluir dentro de su programación, por ejemplo, sesiones de comisiones y reuniones públicas entre congresistas y la sociedad civil.

Estos dos acuerdos son de gran importancia para el país y un precedente para la región, ya que hemos logrado elaborar un documento de compromisos y un plan de acción que tienen participación y corresponsabilidad tanto del Directorio Legislativo como de la Sociedad Civil representada por la Alianza para una Asamblea Abierta. Es con este tipo de acciones que el Congreso costarricense se apropia -de una manera ejemplar para la región- de los principios de colaboración y corresponsabilidad con la Sociedad Civil en las acciones y políticas de apertura y transparencia.

Esto impacta positivamente en el contexto actual, donde la pérdida de confianza y de legitimidad por parte de la ciudadanía en las instituciones públicas afecta la valoración de las y los costarricense sobre la democracia de nuestro país. Creemos que acciones afirmativas enfocadas en mayor transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación en las instituciones públicas, especialmente en una tan relevante como lo es la Asamblea Legislativa, ayudan a mejorar la calidad de la democracia y permiten hacer “más democrática la democracia”–

El trabajo del Directorio Político junto con la Alianza por una Asamblea Abierta incorpora a la Asamblea Legislativa de Costa Rica como actor protagonista en el camino para que Costa Rica sea un Estado más Abierto y Transparente.

*Actualmente la AAA está conformada por las siguientes organizaciones: ACCESA, Abriendo Datos Costa Rica, IPLEX y Costa Rica Íntegra, las cuales son acompañadas por el colectivo OjoAlVoto y el programa institucional de la UCR PROLEDI.

http://accesa.org/2015/10/20/directorio-legislativo-presenta-junto-con-alianza-por-una-asamblea-abierta-el-plan-de-acciones-prioritarias-para-la-apertura-legislativa/